El comunicado emitido por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio el pasado lunes generó preocupación en el Gobierno y sembró de dudas el futuro próximo de la sociedad argentina. La declaración sobre la “pesada herencia” que dejará el Frente de Todos, definida como una “bomba económica”, y la puesta en dudas sobre el pago de los instrumentos de financiación en pesos emitidos por la actual gestión fueron interpretados como la confirmación de la estrategia de impulsar un “golpe financiero” para liquidar las perspectivas electorales del oficialismo, anticipar la conclusión del actual gobierno y crear las condiciones para llevar adelante un proceso inédito de ajuste, concentración de la riqueza y liquidación de los derechos laborales en la próxima gestión.
No sólo lo interpretó así el gobierno. El consultor Emmanuel Alvarez Agis, que asesora a las principales empresas del país, fue taxativo: «Lo que está buscando Cambiemos es que el Gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se haga pomada. Si sucede eso el dólar se va al demonio y Cambiemos obtendría un beneficio no solo electoral sino económico-político.”
En una entrevista radial, el precandidato presidencial Gerardo Morales se fue de lengua y anticipó que en la mesa de asesores económicos de la oposición, que integran economistas de las distintas fuerzas políticas participantes, existe acuerdo en promover una brusca devaluación en los días iniciales de la próxima gestión, que llegaría al 100%, para imponer un único tipo de cambio. Claro está que esta decisión provocaría una brutal tasa de inflación inmediata que duplicaría al menos los precios inmediatamente.
Pero no se quedarían en eso, ya que también trascendieron otros aspectos del plan de gobierno de Juntos por el Cambio, más allá de quien sea el futuro presidente que surja de la coalición.El primero, sería un terrible tarifazo, superior incluso al que promovió Mauricio Macri en los tramos iniciales de su gestión. Esto estaría acompañado de una eliminación de los subsidios, la reducción drástica de las cargas patronales para –en teoría- fomentar la creación de empleo registrado, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas y una profunda reforma laboral que liquidaría todas las garantías de que actualmente gozan los trabajadores en blanco. Según la oposición, con estas agresivas políticas se conseguiría finalmente obtener la famosa “lluvia de inversiones”, que nunca pasó de ser una promesa durante la gestión de Cambiemos.
El gobierno salió a responder al intento de desestabilización que promueve la oposición propiciando una situación de inestabilidad y corrida financiera que posibilite que la megadevaluación comience a tener lugar dentro de la actual gestión, para liquidar sus chances electorales y dejar el terreno preparado para las políticas de ajuste y transferencia de ingresos durante la próxima.
Quien tomó la voz cantante fue el Secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, quien trató de desactivar esa estrategia de desestabilización llevando tranquilidad acerca de la sustentabilidad del perfil de vencimientos, a través de un hilo en su cuenta de Twitter.
«A diferencia del período 2016/2019, en que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro.»-comenzó explicando.
Y con datos precisos justificó su respuesta: «Además, para 2022 la asistencia del BCRA representó sólo el 20% del financiamiento en pesos, destacándose que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron cancelaciones parciales de la deuda en Pesos con el BCRA. Este Gobierno no sólo no se endeudó con el exterior, sino que además reestructuró más de US$ 100 mil millones de títulos de deuda en moneda extranjera, renegoció el Préstamo Stand-by de 2018 con el FMI por más de USD 44 mil millones.»
Inmediatamente consignó que «También se arribó a un nuevo acuerdo con el Club de París y se reconstruyó el mercado de deuda en pesos luego de su reperfilamiento (defaulteado) por el Gobierno anterior en 2019».
Como resultado de las políticas implementadas durante la gestión de Sergio Massa, «el ratio deuda-PBI, que se había incrementado durante 2015-2019 desde 52,6% a 89,8%, al tercer trimestre de 2022 ya acumula un descenso de 10 puntos porcentuales hasta el 79,8%». También consignó que se verificó una “desdolarización” de la deuda respecto de la recibida en 2019, pasando «de una proporción de deuda en Dólares del 70% al 53% actual. De este modo, la deuda en relación al tamaño y capacidad de la economía «es sensiblemente menor en muy poco tiempo».
Rubinstein enfatizó que «este Gobierno se financia en pesos, y la porción denominada dólar linked, que se ajusta por el tipo de cambio oficial, paga tasas de interés del 0%». De este modo, el Banco Central «realiza operaciones en el mercado para asistir y estabilizar el sistema bancario, con el fin de garantizar estabilidad durante la pandemia, el shock de la guerra en Ucrania y cuando dirigentes de JxC pretenden repetir en caso de ganar las elecciones en 2023».
El viceministro concluyo sosteniendo que «La deuda en pesos es manejable y sustentable. Representa el 24% del PBI (incluyendo bonos de largo plazo como el Discount y el Cuasipar) y la mitad está en manos del propio Estado Nacional. Se compara con deudas al 124% del PBI como Colombia y el de Brasil con 65,6% del PBI. Cuidar el sistema financiero y mercado de capitales local es prioritario para este Gobierno, ya que sin mercado de capitales no hay financiamiento para el desarrollo.»
Inmediatamente la oposición volvió a la carga con su estrategia de desestabilización. El encargado de hacerlo fue Hernán Lacunza, referente económico principal de Juntos por el Cambio, quien sostuvo que lo afirmado por Rubinstein “Es un disparate.”
En síntesis, la “bomba de tiempo” acelera su cuenta regresiva. Lo que no queda claro es si la instaló el gobierno con su política económica, o la oposición con su estrategia de desestabilización. Sea cual fuera la opción elegida, el costo lo pagaremos la mayoría de los argentinos.
