El reconocimiento del Estado Palestino por parte de Irlanda, Noruega y España ha puesto sobre la palestra el tema de las nacionalidades y de las aspiraciones de construcción de sus propios Estados. En este caso, estas decisiones han sido duramente criticadas desde el gobierno israelí, que advirtió que «Habrá consecuencias serias», ya que implica transmitir el «el mensaje de que el terrorismo es rentable». «La organización terrorista Hamás llevó a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, después de cometer atroces crímenes sexuales de los que ha sido testigo todo el mundo, estos países deciden recompensar a Hamás e Irán reconociendo un Estado Palestino».
El reconocimiento del derecho a la creación de un nuevo Estado por parte de terceros países implica necesariamente un tensionamiento de las relaciones internacionales entre las naciones que se encuentran dispuestas a hacerlo y la que sufrirá la amputación de parte de su territorio. Más allá de los argumentos en uno u otro sentido, no se trata de decisiones de efecto neutro a nivel geopolítico, en un mundo que atraviesa una “Tercera Guerra Mundial”, según la aceptada definición del Papa Francisco.
El caso de España en este sentido es paradójico, ya que su reconocimiento del Estado Palestino implica un precedente que legitima las históricas aspiraciones de catalanes y vascos a convertir sus autonomías parciales en independencia. ¿Cómo negar el derecho de minorías étnicas y nacionales en suelo propio, cuando se lo reconoce en el ajeno?
Los reiterados pedidos de convocar a una iniciativa popular para expedirse sobre el tema de Catalunya formulados por la formación liderada desde Bruselas por Carles Puigdemont han encontrado resistencia en el Parlamento Español alegando fallas de forma. Pero también quienes se oponen a esa independencia lanzan dardos sobre el gobierno de Pedro Sánchez, cuyo posicionamiento internacional sobre las demandas de minorías étnicas y raciales ha sentado antecedentes para justificar esas demandas más allá de los cuestionamientos a los procedimientos utilizados hasta ahora para tratar de viabilizarlas.
Unos 300 años atrás el político conservador inglés Edmund Burke se sorprendía ante la decisión de la corona francesa de respaldar y financiar la Revolución de Independencia de los EEUU, privilegiando los conflictos puntuales entre Francia y Gran Bretaña por sobre la defensa del principio monárquico. Para Burke el posicionamiento francés resultaba producto de la habitual incapacidad de la dirigencia de ese país para comprender la política internacional y adaptarse a los cambios que suponen los procesos históricos, y anticipó que determinaciones de esta clase podrían terminar tumbando a la propia monarquía francesa.
Algunos años después la historia le dio la razón a Burke. Hoy en día, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez puede resultar equiparable a la de la corona francesa de entonces, ya que un Estado Nacional que ha sofocado históricamente las pretensiones de las minorías étnicas y nacionales no puede sostener la tesis inversa cuando se trata de territorios ajenos sin sufrir daños en su propia argumentación local.
A Pedro Sánchez –y a muchos de los políticos españoles (y no sólo a ellos)- parece aplicarse la caracterización del escritor Augusto Pérez Reverte, quien luego de propiciarle numerosos elogios señaló que “Tiene como los jugadores de ajedrez, ese instinto asesino, pero al mismo tiempo no ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso.”
Su determinación para el caso palestino demuestra que Pérez Reverte estaba en lo cierto.
