Finalmente el gobierno parece haber conseguido el número para aprobar su mega paquete de leyes, a siete meses del inicio de su gestión. En efecto, este martes consiguió dictámenes favorables de Comisión para el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el recinto de Diputados el próximo jueves.
Finalmente, el negocio se cerró sobre la base de insistir con el texto aprobado inicialmente por Diputados en algunos capítulos y desconocer los cambios que se hicieron en el Senado en ambas normas. Tanto el gobierno como los legisladores colaboracionistas tienen en claro que su judicialización será inevitable, ya que varios capítulos sólo contarían con la aprobación de una de las cámaras, violentando la esencia del sistema republicano.
Tan es así que el Jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció que si bien iban a negociar con los dialoguistas la reinclusión de la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, finalmente desistió de hacerlo para evitar que toda la Ley quedara sometida a su aprobación judicial, por lo que prefirió dejar a salvo Bases para poner en la mira exclusivamente el Paquete Fiscal.
“Se impuso la doctrina Pichetto en donde no había que insistir con las empresas porque la quitaron de la ley en el Senado y si se avanzaba se iba a judicializar el tema e iba a arrastrar toda la Ley Bases, incluyendo el RIGI”, explicaron en su entorno.
En cambio, el gobierno, sediento de enajenar recursos privados para alcanzar el equilibrio fiscal –curioso proceder para quienes se definen como anarco libertarios y plantean la destrucción del Estado-, insistirá con la redacción inicial de Ganancias y Bienes Personales, aún a sabiendas de que estará asegurada su judicialización. Claro está, la Justicia argentina se toma sus tiempos, y quizá demore años en expedirse. De hecho, no analizó aún el Mega DNU de diciembre, pese a la concordancia de todos los constitucionalistas sobre su flagrante inconstitucionalidad.
Un legislador libertario corroboró la cocina del entendimiento entre el gobierno y los colaboracionistas: “Sabíamos que si se avanzaba en las dos normas se iban a judicializar las dos. Preferimos blindar el RIGI y la reforma laboral y, en todo caso, que en la justicia se debata los fondos para las provincias. Nosotros no tenemos ningún gobernador que necesite los fondos -Ganancias se coparticipa en el 80%- y en todo caso se desfinanciarán sus gobernadores”.
La diputada del PRO Silvia Lospennato se expresó de manera provocativa: “Que los ciudadanos no se sorprendan si, en un intento desesperado del kirchnerismo por frenar estas leyes, pero sobre todo por frenar a un gobierno legítimamente elegido, propongan la judicialización de estas leyes”. Para la legisladora no parece ser un inconveniente llevarse puesta la Constitución y el sistema bicameral.
Por su parte, los diputados de UxP Sergio Palazzo, Secretario general del gremio La Bancaria, y Vanesa Siley, confirmaron que si se aprueba la vuelta de Ganancias para la cuarta categoría van a recurrir a la Justicia.
“Si avanzan claro que vamos a judicializar la norma desde el gremio”. Adelantó el sindicalista bancario. “Están creando un tributo por la voluntad de una sola de las cámaras, no está habilitado para que sea tratado”.
Vanesa Siley se expresó en sentido similar, y remató: “Esperaron seis meses para una ley que va a terminar en la justicia y decidida por los jueces de la Corte”, explicó.
Así las cosas, con la Constitución archivada y el sistema bicameral en terapia intensiva, el gobierno y sus aliados se aprestan a celebrar la aprobación de una ley carente de legalidad. Pero eso no parece ser un inconveniente, cuando son los negocios particulares los que mandan.
Una ley que nace con garantía de judicialización A fuerza de concesiones y aprietes, el gobierno logró los votos para aprobar la versión anterior de Ley Bases
