Cuando el gobierno nacional ganó de manera inesperada las elecciones intermedias la opinión generalizada fue que se despejaba su camino y que, prácticamente, no sólo había resuelto el problema de la gobernanza, sino también que tenía un casi segura reelección en 2027, con la oposición desgranada y envuelta en sórdidas internas. Los gobernadores que se habían revelado a lo largo de este año en las votaciones del Congreso Nacional volvían, vencidos, a colocarse bajo su ala, y el poder financiero celebraba los logros y las expectativas que se dibujaban en el horizonte.
Sin embargo, y con su habitual incompetencia política, el gobierno nacional se encargó de poner piedras en su camino. Las políticas financieras de Luis Caputo motivaron el enojo de Scott Bessens –quien se encargó de aclarar que las intervenciones del Tesoro de los EEUU no se repetirían-, del FMI –que redobló sus exigencias respecto de las políticas oficiales, y de los grandes bancos privados, que archivaron el préstamo de U$D 20.000 millones que parecía asegurado antes de las elecciones.
De este modo, si bien Donald Trump no faltó a la verdad al declarar públicamente que él había ganado las elecciones en la Argentina con la intervención de su administración, el problema fue que la administración posterior quedó en manos del gobierno de Javier Milei. Y, tal como ya ha sucedido en reiteradas oportunidades, las ambiciones y los intereses contrapuestos dentro de su gestión han sido una invitación permanente al colapso.
La redoblada insistencia del FMI para que el gobierno se manejara con un Presupuesto aprobado por el Congreso significó un impacto letal para la administración nacional, que ya no podría manejar a voluntad la asignación de los recursos públicos como en el pasado. Pero también la exigencia de que el Banco Central incrementara sus calamitosas reservas lo impactó de plano. Así Santiago Bausili y el “Toto” Caputo terminaron por anunciar una indexación del precio del dólar que, sumando a la obligación de salir a comprar divisas en el mercado, garantíza un incremento significativo de los indicadores de inflación para el año próximo.
No por casualidad la colocación de títulos públicos, presentada con bombos y platillos como un regreso a los mercados privados de endeudamiento, resultó decepcionante. No llegaron a colocarse ni el 25% de los títulos indispensables para los pagos de vencimientos de bonos soberanos del 9 de enero próximo, y encima la pretensión oficial de pagar un interés del 6% terminó subiendo al 9,5%. Para peor, las cotizaciones de dólares se incrementaron, demostrando la recepción negativa del mercado de las iniciativas oficiales.
En ese contexto es que el gobierno debió iniciar la discusión del proyecto del presupuesto que envió al Congreso. Allí recibió una primera y dura derrota, al ser rechazado el artículo que disponía la eliminación de las leyes de discapacidad, financiamiento universitario y del Garraham, que los legisladores aprobaron en dos ocasiones en este año y que la gestión Milei, desconociendo las normas republicanas, se ha negado a implementar. La respuesta fue la conmoción inmediata dentro de la gestión, los pases de factura cruzados y los anuncios triunfalistas de que la decisión de los diputados sería revertida en el Senado o sometida al veto presidencial. Pero nada de eso pasó: en la discusión express en la Cámara Alta, el presupuesto obtuvo aprobación despojado del artículo mencionado.
Patricia Bullrich, la encargada de dar vuelta la votación, fracasó en toda la línea. También su insólito y autoritario planteo de revertir la votación legislativa con un DNU mereció el repudio de muchos de los propios –sobre todo los aliados del PRO-. Todo indica que habrá sesión del Senado el viernes 26 para aprobar el Presupuesto, aunque nada indica que el oficialismo pueda conseguir los votos para reponer el artículo caído. En caso de conseguir la marcha atrás, el 29 o 30 de diciembre habría sesión en Diputados para tratar las modificaciones. Pero nada asegura que esto suceda.
Fiel a su costumbre, el gobierno había anunciado un tratamiento express para sus iniciativas legislativas, que se aseguraba que estarían aprobadas para fin de año. Sin embargo, ante la multitudinaria movilización de los trabajadores del pasado jueves, Bullrich tuvo que dar el brazo a torcer y anunciar que el tratamiento de las nuevas leyes laborales quedaba postergado hasta el 10 de febrero. No sólo la calle le puso un freno, sino también varios de sus propios legisladores.
Las señales que viene dando en los últimos días el gobierno nacional sobre previsibilidad y capacidad de gobernanza son espantosas. El respaldo de Trump le permitió torcer el resultado electoral, pero, librado a su propia iniciativa, el gobierno no cesa de dispararse a los pies. Con movilización popular contra los gravísimos recortes a las garantías y los derechos sociales que incluye su proyecto de Presupuesto y su normativa de destrucción de las garantías de los trabajadores, sumado al estado desesperante de las finanzas del Banco Central y la garantía de un significativo incremento de los indicadores de inflación, el gobierno nacional deberá, nuevamente, afrontar su destino, como si los comicios de octubre no hubiesen tenido lugar, mal que le pese a Javier Milei y su mesa chica.