El gobierno nacional llega al fin de su segundo año de gestión en medio de un brete financiero que pocos podrían haber anticipado tras su victoria en las elecciones de medio término. En lugar de aprovechar el envión del triunfo para recomponer alianzas y generar consensos, continúo dejando en manos de Luis “Toto” Caputo el manejo de la gestión económica, y apretó aún más la mordaza sobre los sectores productivos. La economía real incrementó la velocidad de su caída a pique, ni el Tesoro ni el Banco Central incrementaron sus activos, sino más bien todo lo contrario, el aluvión de intereses que deberán abonarse en los próximos dos años causa espanto para unas finanzas públicas que hoy están mucho más en rojo que las recibidas de Sergio Massa, a pesar de las devaluaciones, blanqueos, anulación de retenciones, endeudamientos con el FMI, repos con bancos privados, nuevas emisiones de títulos, privatizaciones, salarios pisados, despidos generalizados, cierres de pymes y abandono del país por parte de grandes empresas internacionales.
Con su insistencia por la precariedad financiera y su intransigencia en no incrementar sus divisas, el gobierno ya hartó hace rato al FMI, al gobierno de los EEUU y a los grandes bancos internacionales. Los vencimientos del 9 de enero de los bonos AL 29 y AL30 son un desafío enorme, no tanto por su monto –algo más de U$D 4000 millones-, sino porque el rojo en las finanzas públicas obligaría a abonarlas mayoritariamente con depósitos de particulares, ya que el bono lanzado días atrás por Luis Caputo ni siguiera llegó a ingresar U$D 1000 millones. En la grave coyuntura, el “Messi de las Finanzas” imagina una reforma legislativa que le permita extender los plazos de vencimiento de esos instrumentos para procrastinar los pagos. El problema que debe resolver es cómo invalidar la legislación vigente, redactada en su momento por Martín Guzmán, cuando el tratamiento del presupuesto se reiniciará el día después al del vencimiento los bonos. ¿Aceptará la ley y pagarán los deposïtantes privados o pasará una vez más, este gobierno, por encima de la ley?
Mientras que el Ministro de Economía trata de resolver su dilema, en el gobierno siguen pasándose factura por la decisión de Diputados de mantener las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y la denominada “Ley Garraham”. Saben que el Senado convalidará esas votaciones, y que poco podrá hacer Patricia Bullrich para modificar este escenario.
Pese a que Milei aseguró que aceptará las decisiones legislativas sobre el Presupuesto, cada día se arrepiente más de sus afirmaciones. Le quedan dos opciones en su horizonte: hacer caer esas normas mediante la sanción de una nueva ley que las derogue, o emitir un DNU que las invalide. En ambos casos se trataría de decisiones inconstitucionales: la primera alternativa reslta regresiva de los derechos garantizados; la segunda contradice los requisitos que establece la Constitución para su dictado. Serían ambas dos claras señales políticas que, en algún momento, derribaría la justicia. Pero, como es sabido, en el largo plazo todos estaremos muertos.
Queda una tercera opción: hacer cumplir esas normas aplicando fondos que se resten a las provincias, para forzar a los gobernadores a reclamar su derogación. Otro caso de chantaje a los que tanto nos acostumbró esta gestión, donde la República parece seguir de vacaciones.
