Después de muchísimas idas y vueltas, finalmente la CGT decidió convocar a un paro general para el próximo jueves, cuando se debata la nueva Ley Laboral en Diputados. Será una medida de fuerza sin movilización. Como todo lo que viene haciendo la central obrera, llega tarde, mal, y expresa más bien una reacción tardía y deshilachada que una voluntad combativa.
Desde hace mucho tiempo la CGT ha abandonado su voluntad combativa. Su capacidad de movilización se ha diluido por el impacto de la robotización en las cadenas productivas, un empleo informal que ha superado al registrado, el incremento del peso de las plataformas y formas de trabajo a distancia sobre la presencialidad, la abrupta disminución de la capacidad de consumo y su impacto sobre un mercado interno cada vez más reducido y el incremento significativo del peso de las actividades extractivas y financieras, con escasa demanda de mano de obra, por sobre la producción real.
A esto debe sumarse el descrédito de la dirigencia sindical, iniciado mucho antes de la condena de la política por parte de una sociedad demasiado sensible a la manipulación mediática de los sectores económicos y corporativos más concentrados. A diferencia de los intentos anteriores de destrucción de los derechos conquistados por los trabajadores, su capacidad de resistencia actual es muy acotada. La mayoría de los dirigentes le escapan a la posibilidad de movilización porque no están en condiciones de garantizar la asistencia. Del otro lado de la balanza aparece un dato clave: todo el mundo sabe que el éxito de un paro general depende de la supresión de los servicios de transportes. Y esta vez la UTA se ha sumado a la iniciativa.
¿Por qué no se tomó esta decisión en ocasión del tratamiento del proyecto en el Senado, la semana pasada? Dos razones lo explican: por un lado, la burocracia sindical había negociado entre bambalinas con el gobierno la continuidad del manejo de sus cajas; por otro, recién después de la media sanción a muchos les cayó la ficha de la magnitud del daño que implicaría la aprobación de la nueva ley. Con una adición: el argumento falaz de que los cambios producirían un incremento del empleo fueron rebatidos hasta por el asesor laboral de Javier Milei, el abogado Julián de Diego, quien sostuvo en un reportaje que no habrá más empleo sin «una etapa de crecimiento económico sustentable».
El argumento que habilitó la convocatoria del paro general fue, una vez más, el exceso de ambición de un gobierno que, al ver que no tiene oposición significativa, pretende dar pasos más largos de los que le permiten sus piernas. Durante el debate en el Senado, el oficialismo incluyó de manera inconsulta durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad. Para los sindicalistas fue la confirmación de que las autoridades habían roto los acuerdos informales que se habían cerrado.
Ese mismo artículo generó también resistencia en los bloques dialoguistas de diputados del PRO, la UCR y Provincias Unidas. El malestar llegó a punto tal que el peronismo terminó consensuando un voto unificado en contra del proyecto, en un giro copernicano respecto de la atomización que experimentó en la Cámara Alta.
Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del Triunvirato que conduce la CGT, declaró que: “Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga”. Diputados peronistas del interior lo corroboraron: «El proyecto de reforma laboral es malo, vamos a votar unidos en contra».
La inclusión por la ventana del polémico artículo sobre reformas por enfermedad fue cuestionado incluso por el propio De Diego, quien apeló a la expresión «salió como un fantasma» para certificar su desacuerdo. Para el asesor de Milei, el cambio generará más litigiosidad, en las antípodas de lo que pretendía la iniciativa original.
El problema radica en que el citado artículo habilita la impugnación judicial de la reforma en caso de ser aprobada, ya que colisiona las normas de la OIT y tratados internacionales firmados por la Argentina en lo referido a la adhesión a normas de protección del trabajo y el salario, que fueron ratificados en los acuerdos con los EEUU y el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que aprobó en tiempo récord el Congreso Nacional días atrás.
En el gobierno ahora se teme que finalmente el proyecto sea rechazado por Diputados, lo que exigiría un nuevo tratamiento en el Senado que podría motivar una marcha atrás de los legisladores.
Por exceso de ambición, el gobierno corre el riesgo de quedarse sin el pan y sin las tortas. No es la primera vez que le sucedería. No es que la CGT se haya vuelto combativa de golpe, sino que la realidad y las instituciones podrían poner freno a la vocación libertaria de arrasar con el Estado de Derecho para convertir a la sociedad en un Estado de Naturaleza, en el que la supremacía del más fuerte sea el único factor determinante.
Paro general ¿Qué quedó de la gloriosa CGT?
