Con una desocupación en constante crecimiento que ya alcanza a 1.717.125 personas provocada por la política económica implementada a partir de los inicios de la gestión de Javier Milei, el gobierno ha decidido ir por más. Para el corriente año se planea reducir un 10% la planta de empleos estatales nacionales, que actualmente suma 278.705 empleados, promoviendo nuevos despidos que afectarían a 27.000 trabajadores del sector público. Cabe destacar que la cifra total de desempleo resulta engañosa, ya que oculta una destrucción de puestos de trabajo mucho mayor, cuyas víctimas han tratado de reconvertirse sumándose a plataformas de aplicaciones, entre las que se destacan las dedicadas al transporte de pasajeros, como Uber o Cabify.
La pretendida reconversión se ha venido acelerando con el paso de los meses, lo cual ha provocado una caída drástica de los ingresos de los afectados, ya que al incrementarse la oferta de vehículos baja simultáneamente la tarifa de los viajes. Aunque las autoridades no lo computen así, se trata de desocupación encubierta. ¿Hasta cuándo podrá continuarse con este reacomodamiento sin que los costos superen a los beneficios? Ese momento no parece estar muy lejano.
El plan de incremento del ajuste en un sector estatal que además viene sufriendo una pérdida cuantiosa en sus remuneraciones se desarrollaría a lo largo de los cuatro trimestres de 2026. Para la primera etapa se apuesta a eliminar entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, incrementándose en los trimestres posteriores. La guadaña no sólo se pasará sobre la Administración Pública Nacional, sino que incluirá a empresas y sociedades del Estado. De hecho, el plan ya ha sido puesto en práctica a partir de la semana pasada, según reconocieron las autoridades, que celebraron la decisión justificándola en el marco de la premisa de reducir el Estado a su mínima expresión.
Por detrás de las razones presuntamente ideológicas de la decisión asoma la verdadera razón del nuevo ajuste: el fracaso de las políticas oficiales que han provocado una significativa caída en la recaudación impositiva de los últimos meses, como consecuencia del manifiesto freno en la actividad económica que llevaron a la Argentina a la actual estanflación. El gobierno, para tratar de sostener el pretendido superávit fiscal –que la mayoría de los economistas limitan a un esmerado ejercicio de contabilidad creativa-, ha decidido restringir drásticamente los gastos de funcionamiento estatal, para disminuir el impacto de la masa salarial sobre las cuentas públicas.
Los datos oficiales que consigna el INDEC para fines de 2025 dan cuenta de un incremento de la tasa de desempleo al 7,5%. Para fines de 2024, la misma evaluación daba cuenta de una caída del 6,4%.
La decisión de avanzar con nuevos despidos estatales ocurre en un escenario social complejo. Según el último informe del INDEC al cierre de 2025, el índice de desempleo escaló al 7,5% de la población económicamente activa. Este dato marca un deterioro respecto al 6,4% registrado al finalizar 2024.
La desocupación total que afecta ya a 1.717.125 personas en todo el país, sumada a la encubierta posibilitada por las ocupaciones “basura” o inestables, no parece preocupar a las autoridades que insisten en sostener que un equilibrio fiscal –que, en la práctica, es una ficción- es la única vía para derrotar la inflación y estabilizar la economía a largo plazo. Sin embargo, se trata de una más de las falacias a la que es tan afecto este gobierno. Las políticas económicas que han promovido la destrucción y/o la precarización del empleo y la destrucción de buena parte del aparato productivo argentino han impactado en un incremento significativo del malhumor social, traducido en una caída a pique de la imagen de Javier Milei y de su gobierno en las encuestas.
Con la nueva oleada de despido de estatales nacionales, a la que se sumará la destrucción de empleos en el sector privado a consecuencia de la inédita caída en los niveles de consumo y de capacidad de compra de los argentinos, los riesgos de una alteración de la paz social, sobre todo en los distritos conurbanos de las principales sociales, parecen estar a la vuelta de la esquina. No se trata de un alarmismo injustificado: la historia y la experiencia social acumulada a través de diversos intentos de aplicación de planes similares apuntan en esa dirección. ¿Será distinto esta vez?