Perdería el 40% de su presupuesto en 2026. La agonía de la universidad pública

La Reforma Universitaria de 1918, la gratuidad de la universidad pública dispuesta por el gobierno del General Perón, y el incremento inédito del financiamiento y la multiplicación de las casas de altos estudios con Cristina Fernández, marcan los hitos principales de una institución que supo ser orgullo de los argentinos y uno de los canales más decisivos de los procesos de movilidad social ascendente que dieron lustre a nuestro país. Pero toda esa historia virtuosa y productiva fue otra de las víctimas de la destrucción de la Argentina productiva que encarna Javier Milei. En efecto, mientras que el Gobierno insiste en desconocer la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso Nacional el año pasado, en 2026 se instrumentaría un recorte histórico sin precedente que superaría, con mucho, los impuestos por los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem.
La magnitud del colapso que se instrumenta desde el gobierno nacional es sobrecogedora. De aprobarse el proyecto oficial, el Presupuesto universitario descendería un 40% respecto del de 2023 en términos reales, continuando con el recorte sin fin impulsado por los libertarios.
El deterioro de los salarios docentes y no docentes explica más del 86% del ajuste aplicado. En vano el Consejo Interuniversitario Nacional reitera sus reclamos para la aplicación de la Ley vigente y de la que el gobierno hace caso omiso, mientras que la Justicia mira hacia otro lado. No sólo se trata de los salarios: también está comprometido el funcionamiento mismo de las universidades. Tal es la disparidad que la norma aprobada por el Congreso el año pasado intentó recomponer los salarios a niveles de 2023, mientras que el gobierno quiere talarle a ese monto un 40%.
El proyecto presentado por el gobierno desconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, no prevé actualizaciones salariales acompasadas con la inflación del año en curso y pasa por alto la recomposición integral de los gastos de funcionamiento. En sólo dos años el gobierno libertario habrá conseguido herir de muerte a unas herramientas democráticas más fabulosas implementadas en la Argentina a lo largo de su historia.
Según el informe desarrollado por el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), “el presupuesto previsto no resulta suficiente para recomponer los salarios docentes ni para revertir la pérdida acumulada en los últimos dos años. Más aún, cualquiera sea el supuesto inflacionario adoptado, la transferencia del Gobierno Nacional al sistema universitario se retrotrae a niveles equivalentes a 2006–2007, consolidando así un retroceso de casi dos décadas en materia presupuestaria”. Por el contrario, para cumplir la ley vigente el Gobierno debería incrementar las partidas destinadas a salarios, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y becas Progresar por encima de $3,1 billones, lo que implicaría algo más del 2,0% del Presupuesto total aprobado para 2026. No lo hará.
El salario docente había caído en diciembre de 2025 un 31% respecto de noviembre de 2023. Con una expectativa inflacionaria registrada por el REM para este año, deberían agregarse otros 6 puntos para este año, lo que implicaría una pérdida del 37% respecto de diciembre de 2023. Y esto sin considerar dos cuestiones adicionales: la caída en los salarios docentes durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y el incremento de la inflación de este año fogoneada por la Guerra en Irán.
De los más de $2,7 billones de incremento a las partidas salariales (+63,7%) que dispone la ley aprobada y cajoneada por el gobierno, el proyecto oficial reduce ese monto a $187.744 (4,3%). Hablando en criollo: un saqueo de $2,5 sobre los bolsillos de los trabajadores de la universidad pública.
Según el CIEN, “El ajuste sobre el sistema universitario no sólo no se detuvo en 2025, sino que se profundizó, aun cuando el Poder Legislativo había aprobado —y también insistido tras el veto presidencial— la Ley 27.795 de Financiamiento, el recorte aplicado al sistema universitario no tiene parangón en la historia reciente” en tanto que el presupuesto vigente para este año profundiza esta reducción y compromete –una vez más- el normal funcionamiento de las universidades en todo el país.”
El gobierno de Milei insiste sin descanso no sólo en destruir la universidad pública y gratuita, sino en eliminar una herramienta clave para la generación de recursos humanos estratégicos, la movilidad social ascendente y la democratización al acceso a la educación, mientras que una sociedad abúlica y ausente asiste a su precarización y pulverización mientras se mira su propio ombligo.