El gobierno de Javier Milei está dando vida a una renovada casta, generosa en beneficios y prebendas para sus integrantes. Como es lógico, en el proceso de su constitución han quedado en el camino decenas de funcionarios y entenados desde el primer día de la gestión. En contradicción con su discurso moralizador de campaña, que pretende mantener hasta el presente, la administración Milei ha sido objeto de toda clase de denuncias y sospechas sobre corrupción, sobresueldos, asignación de emprendimientos, empresas, privatizaciones, etc. Tal como quedó en claro con el caso de Manuel Adorni o de la ANDIS, no se castigan las conductas sino la improvisación o las fallas en la cobertura de esas acciones. Por ahora el Jefe de Gabinete se mantiene en su cargo: no queda en claro si por temor a que termine soltando la lengua y denuncie irregularidades y eventuales acciones delictivas de su conocimiento, o porque tenerlo en el centro de la escena permite mantener en un segundo plano a las causas que afectan al presidente y a su hermana Karina, con $Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad a la cabeza, entre muchas otras que han sido solapadas desde su acceso a una banca de diputado nacional e, incluso, mucho antes. Sospechas bastante firmes sobre estafas aplicando esquemas Ponzi, coimas y retornos de todo tipo se incluyen en una lista que, de tener un tratamiento serio de parte de la Justicia, podrían llevar a desenlaces catastróficos para los hermanos Milei y su gobierno.
En los últimos días Adorni debió compartir la centralidad mediática con las nuevas denuncias sobre los fabulosos créditos hipotecarios concedidos por el Banco Nación a funcionarios y allegados que, en su mayoría, no ameritaban las condiciones indispensables para su otorgamiento. Más aún, sus salarios en blanco ni siquiera les permitían pagar una cuarta parte de la cuota mensual, como en el caso, por ejemplo, de Federico Sharif Menem, sobrino de “Lule” y de Martín Menem. No es por cierto el único, pero la ola de beneficiarios atraviesa a toda la administración actual, y golpea de plano el discurso libertario: de detonar al Estado a convertirlo en fuente de un oscuro enriquecimiento; de destruir a la banca pública a consolidarla como distribuidora de dádivas y prebendas.
Quien cometió un grave error para los parámetros de la actual gestión fue la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las mimadas de los hermanos Milei. Al enterarse que el Jefe de Gabinete de su cartera, Leandro Massaccesi, había sido beneficiario de un crédito de más de $ 400 millones de parte del Banco Nación que depende de Luis Caputo, inmediatamente decidió despedirlo. El hijo del radical histórico Horacio Massaccesi trató de defender su posición en un posteo en el que afirmaba que: “A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”. De nada sirvió: ya estaba afuera.
Sin proponérselo, la decisión de Petovello sentó un preceden moral que dejó al ministro Caputo sobre las cuerdas. No sólo porque las denuncias alegan que se habría utilizado al Banco Nación para premiar lealtades y comprar voluntades de legisladores en votaciones clave para la gestión, sino porque dos de sus principales funcionarios, Federico Furiase y Felipe Núñez, fueron beneficiados con con el Nación de más de $ 400 millones.
«¿Qué quiere? ¿Que eche a todos mis funcionarios?», estalló el ministro de Economía. La situación es más grave aún porque Furiase, al solicitar el crédito, era director del Banco Central, quien debería controlar a los otros bancos, y otros directores del Banco Central que también habían solicitado créditos al Banco Nación, se apresuraron en autorizar el suyo.
La movida de Pettovello motivó también la reacción de Karina Milei, quien fuera de sí declamaba que “ya no soporta las acciones inconsultas de los ministros”.
Si bien la ministra de Capital Humano aseguró públicamente desde el día uno de su gestión que, ante la más mínima duda sobre de un eventual caso de corrupción, echaría a quien estuviera comprometido, no podía imaginar por entonces que ese valioso compromiso moral involucraría más adelante a Javier y Karina Milei, a Manuel Adorni y a una runfla de funcionarios y allegados beneficiados con créditos que, en conjunto, superan los $ 2.500 millones.
Pero la cuestión, además, plantea un problema para la gobernanza, ya que Pettovello era la principal candidata para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, en caso de que el gobierno, abrumado por el asedio mediático y judicial, decidiera su salida de la gestión. En este nuevo escenario definido por su decisión, parece una utopía que su promoción pueda tener cabida, aunque el gobierno tampoco podría razonablemente prescindir sus servicios por el hecho de ser “demasiado honesta” para los parámetros libertarios.
El affaire Pettovello es un nuevo disparo en los pies que se propina el gobierno de Milei. Sólo lo salva la pasividad estatuaria de una oposición que continúa desempeñándose como convidado de piedra, mientras da rienda suelta a una interna letal que sólo expone su falta de proyecto alternativo y su deseo de rapiñar las sobras que consigue atesorar y que cada vez son más reducidas.
¿Se inmoló Sandra Pettovello?
