Finalmente se aprobó en general la denominada “Ley ómnibus”. Despojada de su capítulo fiscal, con centenares de artículos podados y con muchísimas dudas de lo que podría llegar a agregarse o quitarse en el debate particular de lo que finalmente quedó, el gobierno está en condiciones de celebrar en las redes sociales y los medios amigos la victoria alcanzada. Una victoria pírrica que le exigió negociar con la oposición colaboracionista –a pesar de su insistencia en declarar que no negociaría nada-, resignar el paquete fiscal –que era una de sus claves-, y quedar a la expectativa sobre la delegación de facultades y el tema privatizaciones –los otros dos objetivos clave de la presentación-. Desde un análisis racional, podría decirse que consiguió poco y nada. Pero, en estos días de virtualidad y autopercepciones, el simple anuncio de su aprobación es todo un hito para un gobierno que parece desarmarse y reconfigurarse permanentemente.
Tan poco es lo conseguido que, aún cuando fuera aprobado el texto que sobrevivió a los tijeretazos, aún deberá pasar por el tamiz del Senado, y volver a Diputados en caso de que allí se produzcan modificaciones. Pero, con el blindaje mediático y su ejército de trolls, le quedan al menos 4 días, hasta el tratamiento en particular, para instalar mediáticamente la victoria sobre la “casta”.
Paradójicamente, a lo largo de su extensa campaña, Javier Milei prometió eliminar a la “casta”, pero desde que asumió impulsó la alternativa inversa. Sólo la casta, económica y política, ha sido beneficiada. La económica es la que se lleva la parte del león, con el “sinceramiento” de precios y la entrega del patrimonio nacional –el último capítulo fue para Black Rock-, más las fabulosas prebendas y blindajes varios que intentan asegurárseles por largas décadas en el marco de la “Ley ómnibus”. La casta política intenta repartirse los restos, aprovechando el rol que aún debe cumplir en la convalidación legislativa del saqueo. Mientras tanto, para el pueblo sólo hay censura, represión y hambre.
Si bien algunos legisladores salieron a protestar por la violentísima represión que se ejercía puertas afuera del Congreso, claramente allí estaban divididas, como en dos realidades paralelas, dos argentinas: la de la casta, ahora con Milei como referencia, y la de los habitantes de a pie. Ni siquiera ciudadanos, ya que no se les garantiza siquiera el derecho constitucional a expresarse y se los engaña sistemáticamente con los programas electorales que siempre se invierten.
Mientras que cada vez son mas los argentinos que no consiguen satisfacer sus necesidades básicas y amplios sectores de la clase media se hunden en la pobreza y la precariedad, las corporaciones hacen su negocio y diversos sectores de la política tratan de hurgar en la carroña. Los gobernadores reciben la presión –no exenta de amenazas- para que sus legisladores voten la “Ley ómnibus”, con la soga al cuello que supone el desfinanciamiento de sus provincias, pero en lugar de organizarse para tratar de imponer sus condiciones al poder central la mayoría sólo imagina las maneras de sacar el mayor rédito posible de su rendición.
La clave, para la mayoría, está en conseguir la coparticipación del Impuesto País en el debate parlamentario. No son sólo los de JxC: también el cordobés Llaryora o el tucumano Jaldo han demostrado una propensión colaboracionista a ultranza, sin ponerse colorados. Justamente Martín Llaryora está hablando con sus pares para tratar de colar el asunto en la votación en particular. Con ese objetivo, mandó a contactar al bloque de Unión por la Patria para conseguirlo. Su objetivo consiste en restablecer el artículo 180 del texto original de la Ley Ómnibus, que ratificaba hasta fin de año la vigencia del Impuesto País, y disponía que la Nación se quedaba con el 70% de su recaudación, 21% las provincias y el 9% el fideicomiso de los barrios populares. Con ese 21% podrían compensar las provincias la caída de la recaudación que generó la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.
Lo que dejó esta semana de debates es un saldo muy negativo para la democracia y para la república. Constantemente se violaron normas, las corporaciones económicas clavaron sus garras a fondo en la redacción del texto final, y, urgido por las circunstancias, el gobierno debió blanquear quien era su verdadera víctima, que no era por cierto la “casta”, sino los millones de argentinos de a pié, sobre todo las clases medias, que ingenuamente propiciaron la llegada al gobierno de Javier Milei.
Los operativos represivos implementados durante los debates no tienen parangón en la Argentina posterior a la recuperación de la democracia. Más aún, los represores uniformados no se privaron de lucir señales identificatorias de La Libertad Avanza, y ni siquiera respetaron el protocolo anticonstitucional que firmó Patricia Bullrich.
Claro está que ahora vendrá la disputa mediática por la interpretación de lo sucedido. El gobierno y las corporaciones pretenderán instalar el convencimiento de que la aprobación en general de la Ley ómnibus es un misil transformador; mientras que el texto de lo acordado la convierte en apenas un utilitario.
Queda en claro que los próximos días serán decisivos. La única certeza es que los que seguirán perdiendo serán siempre los mismos. Y no será la “casta”.
¿Ómnibus, utilitario o misil?
