Tal como afirmó el legislador radical Raúl Baglini en 1986, el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder. Javier Milei no es la excepción: a medida que pasan los días, las convicciones libertarias que le permitieron llegar a la presidencia a Javier Milei se van desarmando como una cebolla. La libertad sólo se concedió a los grandes empresarios, mientras que salarios y jubilaciones se mantuvieron pisados, llevando la situación social a una verdadera catástrofe humanitaria, según revela el último informe de la Universidad Católica Argentina.
Antes de ser despedido por una decisión que él no había adoptado, el ex Secretario de Trabajo, Omar Yasín, había recibido la directiva del ministro de Economía, Luis Caputo, de no homologar las paritarias con alzas mayores al 14% en marzo y al 9% en abril, un techo bajísimo comparado con los altísimos indicadores de inflación acumulada que provocaron las políticas de este gobierno, y que llevan un acumulado de más del 55% en sus 3 meses de gestión.
Cumpliendo con lo ordenado, Yasín rechazó cualquier paritaria que permitiera aumentar los salarios por encima de 19% para enero, 15% para febrero, 14% para marzo y del 9% en abril.
La maniobra fue aplicada sobre los gremios de camioneros, alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros.
Un grupo de organizaciones sindicales del rubro industrial está preparando una presentación judicial contra el Gobierno Nacional por este motivo. Esos gremios sostienen que les resulta más sencillo garantizarse el cumplimiento de los aumentos mano a mano con las empresas de sus respectivas actividades que esperar su validación de parte de los funcionarios. Este martes los sindicatos docentes que pertenece a la CGT denunciaron la inaceptable oferta oficial en la negociación salarial y anticiparon nuevas acciones de lucha. La situación se repite a lo largo de la administración pública nacional, incrementando la temperatura del malestar social.
También los sindicalistas denuncian las amenazas de los funcionarios y la obstaculización de los incrementos salariales pactados en paritarias son dos de las características más salientes de la actual gestión en el área laboral, al mejor estilo Jorge Triaca (h) en tiempos del gobierno de Cambiemos. No es casualidad que el ex Ministro de Trabajo de Mauricio Macri esté operando activamente en ese terreno, y que haya conseguido ocupar buena parte de la estructura de esa Secretaría de Estado.
La homologación es un acto administrativo propio de las relaciones laborales que consta del control de legalidad por parte de las autoridades de Trabajo. Contra el criterio de normativas de décadas atrás, en las que el Ejecutivo se reservaba el derecho de analizar los convenios colectivos y los acuerdos paritarios bajo la lupa de criterios de «oportunidad» o «conveniencia», la ley laboral 25.877 de 2004 sólo establece como límite el cumplimiento de la normativa vigente. El artículo 22 de esa ley indica que «la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto» y agrega que «transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada».
Sólo durante los primeros dos meses de gestión de Javier Milei, los salarios del sector formal cayeron 20,7%, lo mismo que perdieron durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y cuatro veces más de lo que disminuyeron en el de Alberto Fernández (-5%). Por ejemplo, en el mes de enero, el salario registrado subió 14,7% frente a una inflación del 20%.
Si bien algunas paritarias de gremios muy poderosos cerraron el primer mes del año con subas muy por encima del índice de precios al consumidor (IPC) -como aceiteros (41%), calzado (31%), mecánicos (38%), comercio (33%), textiles (31%) o seguros (32%)-, la mayoría de los sindicatos no consiguieron ningún alza en enero, como las empleadas domésticas, o que lograron subas por debajo del IPC, como los colectiveros (11%) o los de clubes (12%).
A excepción del propio Milei y su gabinete, quienes se autoasignaron un incremento del 48% y que, pese a que el presidente anunció su anulación por el repudio social que provocó, ya fueron acreditados en sus cuentas antes de que estallara el escándalo.