Durante los meses de mayo y junio de 1968 se produjo en Francia una cadena de protestas estudiantiles, en especial universitarias, a las que rápidamente se sumaron los sindicatos, asociaciones y partidos políticos de izquierda. Si bien la protesta se inició con consignas contrarias a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo, rápidamente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el PC, que sumaron objetivos principalmente laborales. Los reclamos en conjunto de estudiantes universitarios, trabajadores y amplios sectores de la sociedad civil tuvieron como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. La magnitud de las protestas sorprendió al gobierno de Charles de Gaulle, que temió que la huelga fuera el inicio de un movimiento insurreccional revolucionario. Pero, a excepción de algunas minorías, la mayor parte de los sectores participantes en la protesta no se planteó la toma del poder ni la insurrección contra el Estado. Las protestas terminaron con la satisfacción de varios de los reclamos de los sectores movilizados y la realización de elecciones anticipadas, que tuvieron lugar el 23 y el 30 de junio.
Los sucesos del Mayo Francés se extendieron a buena parte del planeta, concretándose una ola de protestas protagonizadas por sectores politizados de la juventud, e influidas en muchos casos por la Revolución Cubana, la liberación sexual y el movimiento hippie, que se extendió por la República Federal Alemana, Suiza, España, Argentina, México, Uruguay, los EEUU, Italia y Checoeslovaquia.
En la Argentina, la unidad de acción entre estudiantes, obreros y amplios sectores de la sociedad civil tuvo su punto más alto con el “Cordobazo” de 1969, que terminó con la Dictadura del General Juan Carlos Onganía.
El próximo martes 23 tendrá lugar una masiva marcha convocada por la Universidad Pública, a la que adhirieron las centrales obreras, los movimientos sociales, centros de estudiantes de universidades privadas, y amplios sectores de la sociedad civil a la que comprometieron su participación y dieron su respaldo numerosos componentes de la mayor parte del arco político nacional -a excepción del PRO y LLA- en la que el gobierno ve una amenaza para su plan de ajuste, empobrecimiento y concentración de la propiedad, y de resignación de la soberanía nacional. Esas políticas incluyen la renuncia al futuro y a la movilidad social ascendente para millones de jóvenes que se educan en una universidad pública que nos dio los cinco Premios Nobel con que cuenta la Argentina. La defensa de la educación pública en todos sus niveles es condición indispensable para garantizar la democracia y aspirar a la igualdad de oportunidades.
En vano el gobierno de Javier Milei intentó instalar la fake new de que había incrementado el presupuesto universitario en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar de impedir o bien de quitarle volumen al reclamo. No se trata de una propuesta sectorial, sino del derecho a la dignidad de todos los argentinos, algo que no parece demasiado importante para quienes ejercen el gobierno y le brindan blindaje a través de los principales multimedia. Más aún, la cuestión universitaria ha generado los primeros quiebres entre los operadores periodísticos del oficialismo.
No se trata únicamente de un fenómeno local. Desde las universidades y los centros de investigación más reconocidos de todo el mundo se han multiplicado las adhesiones y el horror ante la política de destrucción de nuestro capital cultural, educativo y de investigación que sigue estando en los lugares de privilegio a nivel internacional. Nadie puede comprender el deliberado exterminio de la educación y de la ciencia en la Argentina.
En este contexto, Diputados de Unión por la Patria solicitaron la realización de una sesión especial para debatir cuestiones impostergables como el presupuesto universitario, el financiamiento de la educación pública y la movilidad jubilatoria. «El financiamiento de las universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las jubilaciones no pueden esperar», argumentaron.
El pedido de la Sesión Especial, según lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de Diputados, es para el próximo miércoles 24 de abril a las 11:00 hs; esto es, al día siguiente de la Marcha del 23. ¿Se animará Martín Menem a denegar la solicitud? ¿Insistirá el gobierno en mirar para otro lado y recurrir como única respuesta a fakes news y a manipuladores mediáticos profesionales?
Tal como ha sido característico desde la reinstalación de la democracia en nuestro país, la educación pública –que incluye a TODOS los sectores sociales-, volverá a alzar el estandarte de la democracia, de la igualdad de oportunidades, de la soberanía y de la inclusión social. ¿Seguirá vivo el espíritu de aquel Mayo Francés y de las luchas populares de la Argentina para reivindicar esos valores?
En apenas unas horas empezará a resolverse el interrogante. Nadie puede considerarse neutral cuando lo que está en juego es el futuro de la Argentina.