Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, afirma un viejo refrán siempre vigente. Javier Miley -o Javier Sinley, según lo que fue TT de X en el día de ayer- tensó la cuerda sin pericia hasta que la quebró. Desde su actitud de desprecio a las instituciones evitando dar su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, para dirigirse en cambio a los escasos asistentes a la Plaza del Congreso, dándole la espalda al Palacio legislativo, hasta las frecuentes agresiones a la política, tratando a la dirigencia de corrupta, y a los radicales como las “putitas del kirchnerismo”, según expresó en la noche del fracaso del tratamiento legislativo de la “Ley ómnibus”.
Miley es claramente anti-democrático y anti-republicano. Las veces que fue interpelado al respecto nunca manifestó convicción positiva alguna en ese sentido, y en cambio tanto él como su círculo más estrecho insistió en gobernar prescindiendo del Congreso. De ahí su exigencia de obtener la suma del poder público, adquiriendo facultades legislativas, y de imponer una reforma constitucional encubierta a través de dos instrumentos claramente inconstitucionales como el Mega DNU y la Ley ómnibus. Los constitucionalistas de todo el arco ideológico coincidieron en su divorcio con los fundamentos institucionales de la República.
Con la precariedad de recursos humanos e intelectuales que se corresponde con su desprecio a la política y a la constitución, la estrategia del gobierno consistió en palos, descalificaciones, burlas y amenazas. Desde el ahogo financiero al periodismo hasta la represión lisa y llana de periodistas y manifestantes que ejercían su derecho constitucional a la protesta, de una magnitud inédita en democracia, hasta el abandono de la asistencia a comedores populares, congelamiento de los salarios públicos, promoción de una inflación irracional para licuar las acreencias de la mayoría de los argentinos y estímulo y convalidación del incremento ilimitado de todos los precios menos el de los salarios y las asignaciones populares, el gobierno dejó en claro no sólo para quien gobierna –los poderes más concentrados-, sino también cómo gobierna: a través del chantaje, la amenaza y la represión.
Este estilo de gobierno, irreconciliable con ninguna sociedad democrática, también pretendió aplicarse a gobernadores y legisladores, a quienes se les exigía conceder la suma del poder público no sólo sin ofrecerles nada a cambio, sino también recortando a más de la mitad los giros de recursos a las provincias. El ahogo y el destrato llegó a tal nivel que incluso buena parte de los diputados colaboracionistas, dispuestos a someterse a casi cualquier humillación con tal de quedar dentro del juego, terminaron cuestionando los contenidos de un Proyecto de Ley del que no tenía conocimiento la mayoría incluso varios días después de iniciado el debate en el recinto, ya que –otra vez de manera inconstitucional- había sido escrito y reformado fuera de los despachos oficiales, por estudios jurídicos al servicio de las corporaciones económicas.
La fabulosa capacidad de destrucción del gobierno actual, que incluso terminó por quebrar la voluntad de quienes estaban dispuestos a hacer seguidismo, sacó a la luz la capacidad de supervivencia de un consenso democrático que, aunque debilitado, sirvió como salvavidas para una República a la que se pretende incinerar. Por supuesto que el gobierno no asumió haber cometido ningún error, redobló sus críticas a la “casta”, reflotó la posibilidad de recurrir a un plebiscito para oponer la voluntad de las mayorías a las decisiones del Congreso, e insultó y agravió de todas las maneras posibles a diputados y gobernadores, acusándolos de incumplimiento de los compromisos pactados. Un argumento reduccionista e infantil, propio de la precariedad intelectual y profesional de la presente gestión.
El problema que se plantea es lo que vendrá en lo sucesivo. El gobierno seguramente intente descargar el enojo y la frustración por esta primera derrota categórica sobre la población, atribuyendo la responsabilidad de los nuevos ajustes y recortes a la “casta”, como ya lo ha hecho en el pasado al culpar por la aceleración de la inflación y la destrucción del nivel de vida de la mayoría de los argentinos al gobierno anterior.
Tal como era previsible, los tiempos de la política y del humor social se irán incrementando en escala geométrica en los próximos días y semanas, y se acelerará la etapa de definiciones. ¿Privará el modelo autoritario que intenta imponer la gestión o los anticuerpos de la democracia terminarán imponiéndose?