Después del escándalo del fin de semana, tras comprobarse la manipulación de la votación de la Ley Limousine, el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intenta evitar desesperadamente que se judicialice el tema.
Si bien, en un principio, el conflicto estalló a partir de la votación de la Ley del Tabaco, hay serios indicios de que no habría sido la única votación que registra irregularidades.
Los distintos bloques están realizando investigaciones y auditorias internas para esclarecer lo sucedido y decidir el curso de acción que adoptarán.
En el caso del PRO, sus abogados están chequeando las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas, siguiendo el camino de UxP que fue el primero en abrir una auditoría interna luego de confirma la adulteración de los cómputos.
Las actas parlamentarias demuestran que hubo más abstenciones de las que se computaron en la votación; que se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos legisladores exigieron votar a viva voz ya que sus votos no fueron registrados en el sistema de cómputos por computadora.
En caso de haberse registrado con fidelidad los sufragios, se habría dado un triple empate en 80 votos entre afirmativos, negativos y abstenciones, lo que hubiera exigido que el presidente de la Cámara tuviera que desempatar.
Las auditorías impulsadas por UxP y por el PRO tienen objetivos muy diferentes. El partido amarillo no desea complicar a Menem, pero quiere descartar la comprobación de cualquier maniobra que pueda ser objetada en la Justicia, ya que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, con el fundamento de “falsificación de instrumento público” y de “falsedad ideológica”. Asimismo podría permitir la impugnación del acta de la votación y judicialización de la ley, lo que razonablemente haría caer la media sanción y su posterior tratamiento por parte del Senado.
Martín Menem trata de evitar que el escándalo siga escalando y que ese torbellino se lo lleve puesto. Para esto considera alegar que la responsabilidad no es suya sino del secretario parlamentario o el proseceretario. Alguna cabeza debería rodar, pero nada garantiza que no se lleve puesta también la aprobación parcial de la ley.
El clima legislativo de este lunes resulta irrespirable. Y a las acusaciones de fraude y las asociaciones con las prácticas de su tío, Carlos Saúl, se agregan preocupantes señales de malestar social, traducidas en Asambleas y medidas de fuerza sindicales que prologan el paro de la CGT del próximo jueves y las movilizaciones que se están planificando para el caso de que la Ley Limousine llegue a tratarse en el Senado. Por lo pronto, en el gobierno lo mandaron a Milei a los EEUU para que no interfiera en eventuales negociaciones, tal como sucedió en la previa de su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Horas desesperadas
