Por si a alguien no le quedaba en claro cuál era el plan de Javier Milei, sus acciones no dejan de explicitarlo, aunque los poderes que deberían controlarlo y, eventualmente, imponerle sanciones, se hagan los desentendidos.
Sus acciones, declaraciones, amenazas y desafíos traducen, con claridad prístina, que su objetivo consiste en destruir al Estado –o limitarlo a su mínima expresión- y propiciar la fragmentación territorial de la Argentina, para posibilitar su reparto entre las grandes corporaciones internacionales. Por eso permanentemente tensa la cuerda para generar una situación de anarquía, el paso previo para su finalidad. Y el actual conflicto con los gobernadores así lo confirma.
Su andanada destructiva sobre la república no se detiene, sino que se multiplica a través de sus decisiones y su cada vez más intensivo recurso a su cuenta de X –de su amigo Elon Musk- y de la denominada “Oficina del Presidente”. A cada paso, Javier Milei sigue apostando a la implosión del sistema institucional argentino y no hace ningún esfuerzo por ocultarlo.
Pese a lo dispuesto por la norma fundamental, emprendió su viaje a Washington sin solicitar la autorización correspondiente, para permitir que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, asumiera interinamente la primera magistratura. De este modo, el país se encuentra institucionalmente acéfalo, ya que al no registrarse en el Boletín Oficial su viaje estaría en funciones, pero de hecho no puede ejercerlas desde el exterior. El problema radica en que, al carecerse de ese paso institucional, la vicepresidenta no está autorizara para asumir el mandato provisorio. Institucionalmente, el país se encuentra en situación de anarquía.
Por si fuera poco, su viaje no tuvo como objeto una misión oficial, ya que no participó de evento organizado por gobierno u organismo reconocido alguno, sino de un meeting partidario de la oposición en los EEUU, la Cumbre Conservadora en Washington, con lo que involucró innecesariamente a nuestro país en una interna ajena, tomando partido en contra de las autoridades que comandan al primer imperio mundial. Y no en cualquier momento, sino cuando la relación con el FMI resulta clave, el gobierno norteamericano juega un papel determinante en ese organismo.
Pero a Milei nada le importa, ya que su desprecio por la institucionalidad, la república y la democracia han sido reconocidos reiteradamente por el propio protagonista. Como tampoco le importó insertar a nuestro país en otro conflicto internacional, durante su viaje a Israel, al que también definió como una aspiración personal, cuando anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalem y tomó partido por las políticas genocidas de ese Estado sobre la población civil palestina.
En síntesis, Milei tuvo finalmente su foto con Donald Trump, aunque su presencia no atrajo prácticamente a nadie, ya que habló ante un salón literalmente vacío, en el mismo discurso que viene reiterando desde 2019, y que también pronuncio en el reciente Foro de Davos: una pegatina de citas apropiadas sin mención a distintos economistas liberales y libertarios que lo pone en el eje del ridículo o de la burla en el plano internacional, aunque en nuestro país le ha permitido llegar a la primera magistratura.
Lo más grave es que dejó –deliberadamente o porque no le importa- a nuestro país en situación de anarquía. Y que, pese a sus insultos constantes, su desconocimiento de la Constitución y de las normas vigentes, y la catástrofe humanitaria y económica que está provocando, los poderes públicos miran para otro lado y no se animan a aplicar los correctivos que nuestra legislación prevé para casos de extrema gravedad institucional como el presente. El Poder Judicial permanece enmudecido, y el Poder Legislativo no pasa de berrinches y declaraciones tribuneras. Sólo los gobernadores han decidido salir a confrontarlo por un simple instinto de supervivencia: cuando estalle el colapso social, serán sus primeras víctimas por su proximidad con el territorio. Hasta dónde llegue la escalada de este conflicto resulta crucial para el futuro de nuestras instituciones y de la integridad territorial de la Argentina.