El carácter de instrumento en manos de intereses corporativos del gobierno de Javier Milei quedó confirmado por un archivo de Word que el gobierno envió a las provincias y que contiene el borrador de la nueva “Ley Ómnibus” que pretende hacer aprobar como precondición para la firma del denominado “Pacto de Mayo”.
Al gobierno, muy poco cuidadoso por las formas en general, se le escapó la tortuga. En dicho archivo Ángel Kusa, socio del estudio Brochou & Funes de Rioja, aparece como autor, lo cual implica choque frontal con las normas vigentes, que exigen que los proyectos de ley sean elaborados por los legisladores en ámbitos institucionales. El archivo citado, naturalmente, no cumple con ninguna de esas prescripciones. .
Tres meses atrás, después de que Javier Milei firmara el mega DNU que dispone, entre otras cosas, la desregulación de la economía, y enviara la mega Ley Ómnibus original al Congreso, varios legisladores de la oposición denunciaron que los respectivos documentos habían sido redactados en el bufete del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, lo que fue desmentido por las autoridades.
La simple lectura del archivo en cuestión dejaba en claro que los cambios en las normativas que impulsa Milei benefician a varias de las empresas líderes que, además, contratan los servicios de Bomchill, Mairal y y Bruchou & Funes de Rioja.
En el borrador del capítulo fiscal que el gobierno envió a las provincias que el gobierno envió a las provincias Kusa aparece como autor del archivo Word creado el 12 de marzo pasado y modificado por última vez un día más tarde.
De este modo, no sólo no se respetaban las disposiciones que exigen que sean las áreas de legales del Gobierno las encargadas de redactar las normativas, en este caso además se beneficia a clientes directos de ese estudio.
En diversas ocasiones en las que Funes de Rioja fue consultado por la autoría del documento se mostró nervioso y confrontativo. A partir del archivo girado a las provincias queda en claro por qué.
Un antecedente de la redacción de documentos públicos por parte de beneficiarios privados fue el caso de un funcionaria de Vialidad Nacional, en tiempos de la gestión de Mauricio Macri, que terminó por reconocer que las empresas contratistas le entregaron un pen drive con los contratos sujetos a renovación, y que fueron aprobados por Nación.
¿Milei tendrá la misma impunidad que Mauricio Macri? ¿Seguirán pasándose por alto en los medios oficialistas y el Congreso Nacional los procedimientos ilegales a los que insiste en aplicar este gobierno, y que dejan en claro cuáles son los poderes fácticos que operan a la sombra de la administración actual?