El plan de Milei entra en una etapa decisiva. Si bien la inflación de alimentos bajó un poco en la segunda mitad de marzo –aunque productos como la lechuga cotizan a $ 10.000 el kg-, se postergaron los ajustes de tarifas para el mes de abril para dibujar un índice de inflación que se corresponda con el relato oficial. Mientras tanto, el dólar se atrasa y es una incógnita si el campo liquidará o no, cuándo y a qué precio. El mercado empieza a impacientarse por la continuidad del cepo, que impide activar proyectos mineros y otras inversiones que exigen libre repatriación de dividendos en dólares, pero el gobierno se resiste a eliminarlo para poder seguir recaudando el impuesto País, fundamental para tratar de generar ingresos tributarios que se vinieron a pique por la recesión que impulsó la actual gestión. En tanto, la dolarización está descartada, no tenemos plan monetario ni tampoco estrategias de recuperación económica.
Por más que las falacias oficiales pretendan instalar una sensación de éxito, la economía productiva, a punto tal que el chileno Rodrigo Valdés, el técnico del FMI encargado de supervisar el caso argentino, volvió a insistir en que el gobierno debe implementar políticas sociales de contención para evitar la catástrofe humanitaria. Pero el gobierno sólo se hace el distraído, mira para otro lado, y ruega por acceder a los 12.500 millones de dólares que quedaron pendientes de los tiempos de Mauricio Macri.
En el IEFA Latam Forum, el presidente Javier Milei se refirió al proceso de ajuste que está llevando a cabo de manera brutal. Y allí se regodeó informando que ya había echado a 50.000 empleados públicos y que, en los próximos días, se sumarían 70.000 más. Lo que no dijo es que áreas íntegras del Estado Nacional han sido suprimidas, y que organismos clave como la ANSES están imposibilitados de cumplir sus tareas ante la magnitud del recorte. Por no hablar de la construcción, donde cayeron más de 100.000 puestos de trabajo, el cierre de Pymes, la discontinuidad de las automotrices y la ausencia del Estado ante la epidemia del Dengue, la entrega de remedios a enfermos crónicos –que ya causaron varias muertes- y hasta la suspensión de los controles de alcoholemia para ahorrar recursos.
También Milei se refirió a las provincias: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”. Y no olvidó celebrar la eliminación de 200.000 programas sociales que, según él, habían sido entregados de manera irregular.
Pero la realidad es muy otra. El juste no sirvió ni siquiera para aliviar la situación financiera del Estado. Los dólares que adquirió son menos que los compromisos que postergó, por lo que las cuentas públicas continúan en rojo. Mientras tanto, la recaudación se cayó por el desplome de la actividad económica y las primeras víctimas son los jubilados, que no sólo sufren un nuevo régimen impuesto por DNU que sólo incrementará la caída de sus ya escasísimos ingresos, sino que además recibieron la ingrata novedad de que sus haberes les serán abonados en dos cuotas.
Así procede el régimen de Milei, anunciando aumentos para calmar los ánimos a los que no puede hacer frente por la caída de la recaudación que él mismo provocó con sus políticas de ajuste irracional y saqueo. Sólo le importa bajar la inflación: debería recordar que De la Rúa cayó con menos del 1% de inflación.
Muchos argentinos sufren hambre mientras se pudren los productos en las góndolas, a precios prohibitivos para la mayoría. Las exportaciones de carne aumentaron un 26%, mientras que el consumo cayó más del 50%. La recesión avanza a paso acelerado y el desempleo público se replica en el sector privado. ¿Hasta cuándo durará la paciencia social?
Milei lo hizo. La responsabilidad es toda suya.