En la madrugada del jueves la Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención, que “tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina durante el año 2024.”
El Proyecto dispone encomendar al Ejecutivo “actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias” y “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación” informada por el INDEC durante dicho periodo.
El texto aprobado fue presentado por la UCR, con modificaciones propuestas por UxP, lo que demuestra que cuando se ven afectados los fundamentos básicos de nuestra sociedad es posible alcanzar un consenso pluralista de las fuerzas políticas nacionales.
Los docentes y no docentes de las Universidades Públicas perdieron un 55% de sus ingresos desde la asunción del gobierno actual, como consecuencia de las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei. Tal como lo expresó la gigantesca marcha en defensa de la Universidad Pública, que convocó a más de 1 millón de personas en todo el país, los argentinos no estamos dispuestos a resignar la educación pública y gratuita, fundamento de la movilidad social ascendente y de los valores democráticos referidos a garantizar la igualdad de oportunidades.
En las próximas semanas el Senado de la Nación deberá convalidar este proyecto, cuya aprobación significará un hito en la recuperación de los fundamentos de la nacionalidad argentinas, que en materia educativa se remontan a la aprobación de la Ley 1420, promulgada el 8 de Julio de 1884, la Reforma Universitaria aprobada el 21 de junio de 1918 y la gratuidad del nivel superior proclamada el 22 de noviembre de 1949 por el Decreto Presidencial Nº 29.337 firmado por Juan Domingo Perón.
Este largo trayecto hacia la gratuidad y el acceso universal a la educación universitaria incluye a un amplio universo de fuerzas políticas nacionales. La Cámara de Diputados confirmó con su decisión el compromiso con esa tradición histórica virtuosa, que permitió que nuestro país fuera galardonado con 5 premios Nobeles otorgados a egresados de las Universidades Públicas Nacionales.
Si bien los sindicatos universitarios celebraron la decisión e instaron al Senado a convalidarla lo antes posible, la Cámara de Diputados simultáneamente aprobó la condición de “servicio esencial” para la educación, por la cual, de ser refrendada por la Cámara Alta, implicará que quedará clausurada la aplicación de medidas de fuerza en defensa de sus derechos por parte de los trabajadores. Justamente la herramienta a la que los sindicalistas atribuyen la aprobación parcial del Fondo de Financiamiento Universitario. Sin olvidar que los legisladores “olvidaron” reinstalar el FONID, que también fue eliminado por este gobierno.
De todos modos, la aprobación del Fondo de Financiamiento plantea un grave problema para el gobierno para el caso de ser refrendado por el Senado, ya que no sólo va a contramano de sus políticas de ajuste y saqueo, sino también demostrará que la movilización es la clave para torcerle el brazo a su plan de desmembramiento de la Argentina.
¿Qué haría el gobierno en caso de que ese escenario se convierta en realidad? ¿Aceptará la decisión legislativa o apelará al veto? Y, en caso de adoptar esta última alternativa, ¿cómo confrontará con un reclamo que movilizó a más de un millón de personas en todo el país?
Una vez más, como en los tiempos de la Marcha Federal de los años 90, la Educación Pública parece convertirse en la última frontera de defensa de la democracia y del ideal de movilidad social ascendente. No es poco.