Un informe publicado por el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (Isepci), indica que la propuesta de dolarización de Javier Milei requeriría de una “brusca devaluación” previa, que llevaría al dólar a $ 2.200 por unidad. El estudio explica que esta es la razón por la cual los libertarios han salido a aclarar que la medida no se tomaría de manera inmediata, sino que se procrastinaría al menos por dos años, para poder realizar previamente los “cambios necesarios”.
Según el Isepci la dolarización de Milei exigiría una devaluación previa del 350%, que implicaría «claramente un enorme deterioro del salario real». Si bien los libertarios aseguran que la economía argentina “ya está dolarizada”, la magnitud de la devaluación requerida desmiente esta caracterización. Si bien el dólar es una referencia para la moneda local desde, al menos, la convertibilidad de los años 90, el informe enfatiza que el peso argentino es utilizado y circula con normalidad.
“El peso argentino mantiene vigencia como medio de pago y unidad de medida para las transacciones vinculadas al consumo básico, con fuerte impacto en los sectores populares.”, sostiene el informe. Y explica en éste es un segmento muy significativo en la demanda de dinero. Con sólo prestar atención a la composición de la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el gasto de las familias-, la moneda argentina es la dominante en los ítems de alimentos, bebidas y vestimenta. Estos rubros incluyen un 40% del total.
El informe especifica que a estos rubros deben sumarse los servicios regulados, que están tarifados en pesos, y que implican un 24% de la CBT. También el peso argentino es utilizado en la mayoría de las operaciones del resto de los ítems que componen esa canasta, como por ejemplo recreación, equipamiento del hogar, restaurante y turismo, aunque se consigna que la mayor competencia con el dólar se verifica en el sector turismo.
«Argentina no se encuentra aún dolarizada en términos de moneda, especialmente en los sectores populares. Solo considerando alimentos, vestimenta y los servicios regulados; alcanzamos a un 64% de la canasta de bienes y servicios que se comercializa en pesos», sentencia Isepci.
El informe enfatiza además que «no existen experiencias de dolarización en países de similar envergadura económica que Argentina» ya que los tres países latinoamericanos que adoptaron el dólar: Ecuador, El Salvador y Panamá, suman un PBI conjunto que apenas supera la tercera parte del PBI de Argentina». Entre los tres “solo alcazan el 36% del PBI argentino que se ubica entre los 25 primeros del mundo”.
La conclusión es terminante: «La evidencia de adopción de monedas de otros países en el mundo, muestra que además de no contar con desarrollo teórico, no se presentan experiencias compatibles con la envergadura de la economía argentina», insiste el informe.
El informe concluye consignando que aún no queda claro cuánto es el monto y si el mismo alcanzaría para dolarizar solo con las reservas del BCRA. Tomando como base los montos de Leliqs y Pasivos del mes de septiembre, valuados en dólar al tipo de cambio oficial, las reservas necesarias para dolarizar sin devaluar ascenderían a U$D 82.500 millones de dólares.
«Si las evaluamos al CCL, que como ya fue señalado implicaría una devaluación, disminuirían a 40.000 millones de dólares», sentencia Isepci.
Los niveles de divisas existentes serían claramente insuficientes si, tal como afirma la mayoría de los economistas, serían necesarios unos U$D 180 mil millones para llevar adelante la dolarización. Esto exigiría un altísimo nivel de endeudamiento que vendría a sumarse a los casi U$D 45.000 millones que ingresaron al país negociado por Mauricio Macri y que terminó lléndose por la canaleta, y las deudas aún mayores con acreedores privados que propició la gestión de Cambiemos y continuó el gobierno actual.
El informe llama la atención sobre la monumental bicicleta financiera que implicaría una dolarización en estas condiciones, aunque no avanza sobre las consecuencias sociales y políticas que la acompañarían, y sobre las cuales se han levantado voces de alerta desde diversos sectores del oficialismo, los sindicatos y el empresariado nacional.