Por si a alguien le quedaba alguna duda de cuál era el objetivo de Javier Milei, sus anuncios y decisiones hablan por si solos. Valiéndose de un Mega DNU inconstitucional, que la Corte Suprema se resiste a analizar y los legisladores insisten mayoritariamente en su contra -pero, como el tero, pegan el grito en un lado y ponen los huevos en otro-, aunque nada hacen para tratarlo, la política de saqueo y concentración de la riqueza avanza inexorable sobre la mayoría de los argentinos.
Con la propuesta del Pacto de Mayo Milei ganó tres meses de tranquilidad para preservar la vigencia del DNU y avanzar sin obstáculos hacia la catástrofe. Su convocatoria fue el resultado de un “apriete” del FMI, que le exigió leyes y no decretos para efectivizar su ayuda, pero ni siquiera así modificó su práctica de la agresión y el chantaje. No había razón: ni los gobernadores, ni la dirigencia política, se animan a actuar. Temen quedarse solos en medio de la movida, y necesitan de recursos para afrontar los reclamos sociales en sus provincias, que amenazan con llevárselos puestos.
El malestar social creciente no es acicate para el oficialismo ni para la oposición. Las organizaciones sindicales dilatan las medidas de fuerza que podrían revertir la situación, y en esta muestra de debilidad se han puesto una vez más en la mira de la ofensiva del gobierno, que no duda en hundir el cuchillo hasta la médula.
Funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía anunciaron durante la última audiencia pública que sólo financiarán a familias vulnerables en un nuevo esquema de subsidios a la demanda. De este modo, se dejará de subsidiar las tarifas de las empresas. Salvador Gil, funcionario de Energía, explicó: «El nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas. No sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados».
En la nueva Canasta Básica Energética (CBE), «Sólo se van a subsidiar necesidades humanas básicas y cuando sea necesario». De hecho, el nuevo esquema subsidiará directamente a la demanda, a través de una transferencia directa al banco, o un descuento en la factura.
Martín Vauthier, asesor en Economía, explicó los fundamentos de la decisión. «En un contexto de recursos escasos, se eliminan subsidios a la demanda no residencial, por ejemplo, en procesos productivos, dado que en dicho caso no es posible asegurar que los beneficiarios reales sean los sectores de menores ingresos». Las afectadas son, al menos, 100 mil empresas, que deberán cargar el nuevo tarifazo a sus precios.
En el informe sobre tarifas que realiza el IIEP, la UBA y el Conicet se consigna que con la reprogramación trimestral que hizo Economía en febrero, que fija los precios mayoristas de la energía, los segmentos con mayor incremento en el precio de la energía serán los comercios e industrias pequeñas. En el caso de los comercios pequeños con una potencia de 10 KW y un consumo de 1.200 kwh/mes, se apica un incremento del 276% en el precio mayorista de la energía. Hasta enero estos usuarios pagaban el 18% del costo. En el AMBA, pasaron de abonar una factura de $64.775 a $266.213 en febrero, con impuestos.
Los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6.500 Kwh/mes, tuvieron un incremento en el precio de la energía del 178%. Hasta enero estos usuarios pagaban el 31% del costo de la energía. Pasaron de abonar una factura de $274.875 a $1.060.187 en febrero.
El Gobierno, por su parte, anunció que lanzará un programa de eficiencia energética, en conjunto con financiamiento del Banco Mundial, para dar créditos a comercios y pymes para que puedan reconvertir sus equipamientos eléctricos, y así lograr «mayor eficiencia» y ahorro. Quizá para entonces sólo quede tierra arrasada.