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Auspiciosa reunión entre Lucía Jara, Titular del Sindicato del Fósforo, y Pablo Moyano, del Frente Sindical para enfrentar la crisis

Feb 22, 2024

El pasado miércoles 21 de febrero se llevó a cabo una reunión entre la Secretaria General del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA), Lucia Jara, el Delegado gremial Alberto Delgado Jara, y otros dirigentes del sector, con el Secretario General del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESIMONA), Pablo Moyano, en la sede del gremio de Camioneros.
El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación del país, que atraviesa una profunda crisis económica y social, agravada por las medidas del gobierno de Javier Milei, que pretende imponer una reforma laboral y previsional que recorta derechos y beneficios de los trabajadores. Los sindicalistas coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto para resistir el ajuste y defender el modelo sindical argentino, basado en la solidaridad y la lucha.

 

Asimismo, las autoridades del SOEIFEPVA expresaron su apoyo al Paro General convocado por la CGT para el próximo 28 de febrero, y que contará con la adhesión de más de 70 organizaciones gremiales, sociales y políticas. La medida será una demostración de la fuerza y la unidad del movimiento obrero, que reclama un cambio de rumbo en la política económica y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) inconstitucional que emitió el Gobierno Nacional.
Lucia Jara, Secretaria General del SOEIFEPVA, afirmó que «el gobierno de Milei es el peor enemigo de los trabajadores, que quiere precarizar y flexibilizar nuestras condiciones de trabajo, bajar nuestros salarios y jubilaciones, y eliminar nuestros convenios colectivos». Por su parte, Pablo Moyano, líder del Frente Sindical, sostuvo que «los trabajadores no vamos a permitir que nos quiten lo que conquistamos con años de lucha y sacrificio, y vamos a defender nuestra dignidad y nuestros derechos con la movilización y la unidad».
El Informe Fiscal del CEPA para Enero 2024, que analiza la recaudación y gasto de todo el Sector Público Nacional, consigna cifras que permiten medir la dimensión de la catástrofe. El Estado tuvo un superávit fiscal fue de $ 2 billones que, restados al pago de los intereses de la deuda pública por $ 1,5 billones, dan un superávit financiero neto de $ 0,5 billones. Detrás de estos indicadores que celebra el gobierno se oculta el gravísimo impacto que debió soportar la sociedad argentina. El gasto público cayó casi un 40%, especialmente como resultado de reducciones en las prestaciones sociales, subsidios y obra pública. Los subsidios económicos a energía y transporte cayeron 64% real y el gasto de capital – que incluye obra pública-, disminuyó un 86%. Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones fue equivalente al pago de intereses de deuda, en torno a $1,4 billones. Los intereses de deuda se incrementaron un 26% en términos reales, mientas que las erogaciones en jubilaciones y pensiones se redujo -38% real respecto del mes de enero del 2023.
En un contexto de extrema gravedad social que nos coloca al borde de la catástrofe humanitaria, la reunión entre el SOEIFEPVA y el Frente Sindical fue una clara señal de acercamiento y articulación entre dos sectores que representan a miles de trabajadores de distintas ramas de la actividad económica, y que comparten una visión crítica y opositora al gobierno de Milei. Ambos referentes expresaron su voluntad de seguir trabajando en conjunto para fortalecer el sindicalismo combativo y popular, y para construir una alternativa política que permita recuperar la vigencia del proyecto nacional y popular.

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El hambre avanza. 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina y que el 30% no recibe una alimentación adecuada La Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un demoledor informe que demuestra otras de las gravísimas del proyecto implementado por la administración de Javier Milei: son pobres 6 de cada 10 niños en la Argentina y el 30% no accede a una alimentación adecuada de forma habitual. Estos números corresponden a una investigación desarrollada a lo largo de 2025, que arrojó que la pobreza infantil ya se eleva al 53,6% de la población infantil. Según el INDEC, la indigencia en adolescentes y niños escaló al 10,7%. Un panorama realmente desolador. Estos datos se completan con la confirmación de que el 30% de nuestros niños y jóvenes no recibe a una alimentación adecuada de manera habitual. Las estadísticas oficiales, cuestionadas por las herramientas de medición y de análisis aplicadas, afirman por su parte que la pobreza general está en el nivel más bajo de los últimos 7 años durante el segundo semestre de 2025. Sin embargo, quienes realizan trabajo social en territorio lejos está de percibir esa supuesta mejora. Muy por el contrario, es también la población juvenil la más perjudicada por la pobreza y la informalidad laboral, según lo consignan incluso los datos publicados por organismos oficiales. El párraco Toto De Vedia, de la parroquia Caacupé en Villa 21 y miembro de Sacerdotes de las Villas, describió un panorama desgarrador a partir de los resultados del informe de la UCA. “El impacto de la crisis lo reciben los chicos, adolescentes y jóvenes. Todo el problema laboral, la falta de poder adquisitivo y muchos otros problemas llevan a una descomposición del tejido social”, sentenció. E inmediatamente agregó que a causa de las políticas aplicadas por el gobierno actual, “muchos chicos dejan la escuela, están en el pasillo, vuelven a la droga o caen en la droga”. En una pelea en condiciones claramente desfavorables, la capilla, el colegio y el club intentan desplegar una red de contención: “Trabajamos en la prevención y acompañamiento, porque también en nuestro barrio, en una escuela pública, se cerró una orquesta infantil”. Los más perjudicados son los adolescentes, abandonados por la gestión pública y por la disolución y desmembramiento de las familias. “Ya son pobres por ser adolescentes. Hay pocos que les dediquen tiempo y les den un lugar”. En los barrios populares tampoco se cuenta con infraestructura ni servicios básicos en los barrios populares. “No hay cloacas o los servicios de infraestructura no están bien. Faltan docentes y hay muchas cosas más. Está complicado”, destacó. En estas condiciones, son frecuentes los desmayos de los alumnos en las escuelas, producto del hambre y la alimentación irregular. “No desayuné o no voy a almorzar”, es la respuesta que se incrementa entre los estudiantes ante el requerimiento de las autoridades educativas. Por más que desde iniciativas religiosas o comunitarias se intente organizar una merienda o una comida diaria, los recursos no alcanzan y el Estado Nacional se hace el distraído o directamente no le importa. Aún así el sacerdote destaca la existencia de “un clima de comunidad en el barrio. Hay una solidaridad natural en los barrios populares; la gente se ayuda mutuamente, y mucha gente de buena voluntad se acerca brindando su tiempo o donaciones”, pero nada de eso puede revertir el abandono del Estado. En su dolorosa reflexión asegura que no se advierte la presunta mejora de la que se solaza el gobierno nacional. “Acá no se refleja. Las estadísticas son excels en los cuales sacan cuentas de un modo que yo no entiendo. Acá se ve todo lo contrario. Es más la gente que pide no solo alimentos, sino también para cambiar la garrafa o porque no tienen para el alquiler o los están desalojando”. La situación se ha deteriorado considerablemente a partir del “corrimiento bastante abrupto del Estado”. En “Las décadas anteriores había mayor presencia del Estado. Hoy tanto Nación como Ciudad están pronunciando un corrimiento en los barrios populares y eso impacta después en la vida diaria”, denunció Todo se complica, además, por las carencias del transporte público, la demora o negativa de las ambulancias para ingresar a la Villa o cada vez más frecuente caída de los jóvenes en el consumo de drogas, y de su inclusión como “soldaditos” de los narcos. Prácticamente no hay asistencia ni instancias de recuperación para los adictos. Todo se ha desmadrado ante la falta de apoyo, de recursos del Estado, que si tuviera buena intención, estaría con una presencia inteligente y organizada”. Mientras que las autoridades se dedican a prácticas presuntamente delictivas para incrementar su patrimonio personal, la realidad de más de la mitad de los argentinos resulta crítica. Al resto no parece importarle demasiado y ni siquiera se toman en consideración las consecuencias sobre la paz social que podría tener la profundización de este proceso. Para peor, las nuevas medidas de recorte de gastos públicos que implementa el gobierno sólo anuncian un panorama más apocalíptico. ¿Hasta cuándo se mantendrá la paz social, que hasta ahora sólo se sostiene por una sorprendente tolerancia de la sociedad?
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