El megadecreto de Javier Milei no para de sumar descalificaciones y condenas que atraviesan todo el arco ideológico. Para los constitucionalistas, el documento avasalla las disposiciones constitucionales, y constituye un grave riesgo para la vigencia de las instituciones republicanas en la Argentina.
El constitucionalista liberal Daniel Sabsay sentenció que «no cierra por ningún lado», en tanto que Andrés. Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra denuncian que pretende conquistar «la suma del poder público» y que el DNU es inconstitucional a todas luces. Para Eduardo Barcesat se trata de un «golpe de Estado Constitucional», mientras que el politólogo Gustavo Marangoni comparó a Milei con Chávez.
Rara vez se ha visto tal coincidencia, lo cual permite graficar la gravedad institucional del DNU que pretende imponer una “mega regulación económica” de un plumazo, ignorando las disposiciones consticionales.
Daniel Sabsay afirmó que si bien apoyó a Javier Milei, como siempre hizo con los dirigentes y candidatos liberals y/o antiperonistas, pero que no puede respaldar esta iniciativa, a la que calificó como “escandalosa” e “ilegal”. Según dispone la Constitución, “el presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, y excluye cuatro materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral», explicó Sabsay. Para rematar:
«Ahora bien, la Corte Suprema ya tiene dicho cuáles son esas circunstancias excepcionales. O bien un fenómeno súbito de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, o bien una situación tan grave de la economía que requiere de una medida rápida de parte de un poder que está siempre reunido, que es el Ejecutivo, que es evitar a través de un mal menor, un mal mayor”.
«Si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este DNU, no cierra por ningún lado» y «además han irrumpido en materia fiscal, el Código Aduanero, que son los impuestos exteriores a la exportación», manifestó escandalizado.
Finalmente concluyó en que «Si bien dicen que es una parte, que es procedimental, un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero, se lo destroza. Entonces, en este marco es que yo digo que es lamentable que, más allá de que creamos en la libertad de comercio, en la necesidad de desregulaciones, de esta manera no”.
Del otro lado del tablero ideológico, Eduardo Barcesat enfatizó que, con esta norma, se asiste a «un golpe de Estado inconstitucional de un poder con apetito tiránico». El constitucionalista exigió que la gravedad de la situación «requiere una inmediata respuesta del Congreso, que se autoconvoque en Asamblea Legislativa para declarar la nulidad absoluta».
«El Poder Legislativo el que mejor expresa el mapa político y el federalismo», por lo que lo instó a «pasar de las declaraciones al acto institucional». «No puede haber vacilaciones ni dilaciones en esto, requiere una inmediata respuesta institucional para que la voluntad popular se respete», completó Barcesat.
Andrés Gil Domínguez, por su parte, subrayó que el DNU de Milei «es un claro intento de suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva, sólo una necesidad de imponer un proyecto político». Su gravedad es enorme, ya que «afecta la división de poderes y es contrario a la República». “Cuando a través de los DNU se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa, entonces, mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público, se intenta obtener la suma del poder prohibida por la Constitución en el artículo 29 y considerada traición a la patria», sentenció.
Gustavo Ferreyra, en tanto, enfatizó que «el DNU de Milei es abiertamente inconstitucional porque se atribuye la suma del poder público». «No es técnicamente un golpe de Estado pero sí es un atentado contra el orden institucional y democrático porque está usando un método democrático para llevarlo a cabo, por lo cual el debate es si ese método suicida la democracia», agregó. Para concluir: «A través del método democrático se está intentando enterrar la democracia constitucional inaugurada por (el expresidente Raúl) Alfonsín en 1983 y eso es muy grave». El DNU 70/2023, en definitiva, es «un misil contra la democracia».
El ultra liberal Félix Lonigro manifestó que que «el DNU debiera tratarse en una Comisión Bicameral que aún no está conformada». El problema es que, mientras no sea tratado, «sigue vigente y empieza a regir desde el octavo día de su publicación en el Boletín Oficial», ya que «el Presidente tiene atribuciones legislativas desde la reforma de 1994, efectiva y lamentablemente». A consecuencia de esa reforma constitucional, «los DNU constituyen el ejercicio de potestades legislativas del Poder Ejecutivo, y, así, puede meter la mano en el Congreso».
Inmediatamente Lonigro explicó que «El presidente tiene motivos para pensar que existe necesidad y urgencia. Hay otra cuestión, ¿se puede plantear la inconstitucionalidad porque son muchos temas en un solo DNU? Bueno, en todo caso no es la inconstitucionalidad, es la ilegalidad, aunque tampoco habría ilegalidad porque, ¿qué ley está violando?». En síntesis, no podría hablarse de «inconstitucional ni que es ilegal esto de que en una sola norma haya tantos temas», pero que es «institucionalmente inmoral”, aseguró.
No conforme con esta crítica, Lonigro calificó como “nauseabundo desde el punto de vista republicano y hasta ético”.
Finalmente, el politólogo Gustavo Marangoni se interrogó: «¿Cómo van a modificar el Código civil y Comercial por decreto? Me recuerda a cuando nos reíamos de (Hugo) Chávez que iba por la calle y decía ‘exprópiese, exprópiese’. Acá hay alguien que dice ‘privatícese, privatícese’. Mañana puede venir otro que diga ‘exprópiese de nuevo».
La opinión de los especialistas es coincidente. Mientras tanto, el “misil contra la democracia” sigue intacto y a punto de entrar en vigencia. Se requieren hechos y no palabras. ¿Estará la dirigencia argentina a la altura del desafío?