La suma de improvisaciones y agresiones que caracterizó al gobierno de Javier Milei en sus primeros 45 días de gestión tuvo un final humillante. La ambiciosa “Ley ómnibus” con la que se pretendió disimular una reforma constitucional encubierta fracasó estrepitosamente, ante las desprolijidades de su elaboración, la incapacidad evidenciada por el gobierno para negociar los votos indispensables para su aprobación, y el malhumor social que se evidenció en la pérdida de más de 9 puntos en el respaldo a la gestión, y la contundente movilización de la CGT que, lejos de ser la única, no fue sino la primera medida de fuerza contra un gobierno que pretendió cambiar la Argentina para beneficiar a unos pocos, y convertirla en “Argenzuela”, multiplicando la pobreza, la indigencia y la exclusión social.
Entre el escándalo que generó el “dictamen blue” urdido fuera de los espacios legislativos, con la injerencia determinante de intereses corporativos que pretenden llevarse la parte del león a través de un nuevo reparto de la riqueza y los recursos de nuestro país; la confección de esa ley por parte de estudios jurídicos pertenecientes a esos mismos intereses, sobre una proyecto general diseñado por alguien que, como Federico Sturzenegger, ni siquiera es funcionario público; la reacción de la oposición “colaboracionista” que dijo basta; la contundente movilización de la CGT y la enérgica decisión de varios gobernadores de salir a desafiar el saqueo al que el gobierno nacional pretendía condenar a sus provincias, el Ministro de Economía, Luis Caputo, debió anunciar el retiro del paquete fiscal del proyecto, que era el corazón de ese instrumento legal.
Los riesgos de insistir con su capricho de imponer un proyecto de ley inconstitucional a todas luces, tanto en su confección como en su contenido, generaba riesgos aún mayores para el gobierno. Tal como dejó trascender el gobernador cordobés Martín Llaryora, se corría el riesgo de que no sólo se volteara la suba de retenciones o los cambios al sistema jubilatorio, sino que se introdujeran modificaciones que implicaran, por ejemplo, la coparticipación del impuesto PAIS, una de las principales fuentes de recaudación del Estado argentino.
De este modo, el gobierno debió morder el polvo para evitarse una derrota humillante en el debate en el recinto de Diputados, a apenas un mes y medio de haber asumido, lo que genera interrogantes preocupantes para lo que vendrá.
En el panorama político de la gestión se abren dos alternativas. Una es la vía republicana de la redefinición de la coalición política gobernante, incorporando a las fuerzas políticas que componen la “oposición colaboracionista”, según lo propuesto por Miguel Pichetto, quien advirtió que no se podría «gobernar así por cuatro años». El problema es que, en esta alternativa, el PRO pasaría a jugar un papel determinante en la composición del gobierno y en el proceso de toma de decisiones. «Mauricio (Macri) era barato en diciembre, pero ahora le va a costar caro a Milei porque, encima, el otro es rencoroso», reflexionó un curtido legislador que integra uno de los espacios dialoguistas.
La segunda alternativa es la más preocupante, ya que implicaría profundizar la pretensión autoritaria que caracteriza al presidente, cuyo desprecio por la democracia nunca ocultó. Los chantajes y amenazas a los gobernadores y todos aquellos que levantaran alguna crítica sobre la gestión de gobierno estuvieron acompañados de la alternativa ya anticipada por Javier Milei antes de asumir de gobernar a través de referéndums y plebiscitos, para oponer a las instituciones legislativas la evidencia del respaldo popular. El problema es que esta clase de estrategia no sólo se lleva puesta a la Constitución –algo que nunca pareció preocuparle demasiado a esta gestión-, sino que, por la cantidad y diversidad de intereses afectados por las políticas que se pretenden implementar, podría exponerlo a una derrota definitiva.
Esta opción autoritaria podría concretarse, de todas maneras, en caso de que el Congreso aprobara tres herramientas determinantes para autoanularse y conferir la suma del poder público al gobierno: la concesión de las facultades legislativas delegadas; la flexibilidad para permitir un gigantesco endeudamiento de la Argentina sin control parlamentario; y la privatización de las empresas públicas y la liquidación a precio vil del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
De este modo, la derrota que asumió el gobierno al tener que retirar el capítulo fiscal de la “Ley ómnibus” dista de ser definitiva. Más aún, lo coloca en una situación en la que las tendencias más autoritarias que lo integran pretendan imponer la autocracia como mecanismo de supervivencia.
Las fuerzas de la democracia deben estar muy atentas y manifestar de manera contundente su oposición a cualquier forma de autoritarismo en la etapa decisiva en la que ingresamos. Los tiempos se aceleran vertiginosamente y no hay lugar para medias tintas. La opción entre democracia y autocracia será el hilo conductor de lo que vendrá. Ojalá que el gobierno lo comprenda y decida gobernar sometiéndose a la ley, lo que es, en definitiva, el camino virtuoso que tiene a su disposición.