Extemporáneamente, tal cual es su estilo, Javier Milei descargó una inédita venganza sobre las provincias argentinas, tras el papelón del fracaso del proyecto de Ley ómnibus en Diputados, los gobernadores mantienen un fluido diálogo para garantizar la supervivencia institucional de sus provincias. Un presidente cada vez más cristinista en sus procedimientos, protege judicialmente a la ex presidenta y recibe claras señales de agrado de parte de ella. Entre el “vamos por todo” de Cristina en 2011 y el anuncio de que el gobierno actual prescindirá del Congreso para gestionar las similitudes en cuanto a sus actitudes y filosofía no dejan de sorprender, aunque el guión de sus políticas difiera sensiblemente,
Durante el fin de semana diez vicegobernadores firmaron un crítico documento en respuesta a la agresión del Ejecutivo que, lejos de afectar únicamente a las administraciones, descargar toda su saña sobre los argentinos de a pie. Ahora se suma una nueva iniciativa, esta vez en la órbita judicial. En efecto, un grupo de mandatarios provinciales ordenaró sus técnicos que avancen con acciones judiciales contra los recortes de fondos que impulsó el Ejecutivo.
La drástica supresión de los giros a las provincias y la eliminación del Fondo Compensador del Interior ha puesto a gobernaciones e intendencias en situación terminal para el transporte público. A esto se suma que también se ha restringido o anulado el envío de partidas a muchos hospitales, la eliminación de las políticas que protegían a los enfermos de cáncer y otras enfermedades, la sequía en el abastecimiento a los comedores populares y la cancelación del Fondo de Incentivo Docente.
Una vez conocida la decisión de la Casa Rosada de cortarle la subvención del transporte público a las provincias, inmediatamente sus autoridades salieron a denunciar que la medida tiene “un sesgo unitario”, debido a que el recorte solo afecta al interior del país.
“Esto es reeditar la pelea entre unitarios y federales antes de la federalización de Buenos Aires en 1860”, describieron varios gobernadores a lo largo del país. En fluido contacto a partir de la agresión sufrida en común por la venganza del Ejecutivo, muchos de ellos ya instruyeron a sus equipos legales para evaluar estrategias legales y luego discutir una estrategia en conjunto.
Según el cronograma pautado, en el transcurso de esta semana los gobernadores definirán el reclamo que presentarán frente a la justicia. Si se realizan varias presentaciones, la Corte Suprema debería hacer lugar a una de ellas para que el resto de las provincias apelen a la misma y sumen sus demandas.
En el caso de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora evalúa insistir ante la Corte Suprema por la deuda histórica que Nación mantiene por las Cajas de Jubilaciones. Santa fe, por su parte, analiza la posibilidad de reclamarle los fondos correspondientes al sistema previsional. En Chubut y en Mendoza hay clima favorable para interponer una acción cautelar ante el máximo tribunal para impedir que la Nación recorte los fondos destinados al transporte en esas provincias.
En un principio, cada provincia impulsaría su propia demanda, cabe la posibilidad de que además avancen hacia alguna presentación en conjunto contra el recorte en los subsidios del transporte.
Una vez más, el primero en accionar fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien presentó una medida de autosatisfacción para anular la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que cubría los subsidios al transporte de las provincias.
Tal como puede advertirse, el enojo y la evaluación de recurrir a la Justicia para mantener los derechos adquiridos legalmente incluye al conjunto de las fuerzas políticas con responsabilidad de gestión en las provincias. Todos tienen en claro que, de no cortar el mal de raíz, el caos social y la catástrofe humanitaria están a la vuelta de la esquina, y que el gobierno de Milei, con su empecinamiento y nula capacidad política, está horadando las bases del sistema institucional, instalando el temido fantasma de la anarquía.